Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.

Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.

El paquete incluye la inyección de 11.000 millones de euros, de los que 7.000 serán en ayudas directas, y la ampliación de la moratoria concursal hasta 31 de diciembre de 2021. En total, casi 100 sectores de distintas actividades podrán beneficiarse de estas ayudas. El paquete de 11.000 millones de inversión pública se establece en torno a las siguientes líneas de actuación:

1.Ayudas directas a autónomos y empresas, con un importe de 7.000 millones. Su gestión recae en las comunidades autónomas.

a. Objetivos
1. Pagos a proveedores y acreedores financieros y no financieros
2. Satisfacer costes fijos
b. Límites
1. 3.000 euros para empresarios y profesionales en estimación directa en el IRPF
2. El 40% de la caída del volumen de operaciones del 2020 sobre el 2019 que supere el 30% para entidades con menos de 10 empleados, y el 20% para empresas de más de 10 empleados.
3. La ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000.
4. Los límites se aplicarán por grupos de sociedades.

2.Línea de reestructuración de deuda financiera, por 3.000 millones, a través de la a) flexibilización de los préstamos con aval público.

a. Empresas con sede española que hayan suscrito operaciones con aval público o con las operaciones de reaval con CERSA. (ICO y Elkargi fundamentalmente).
b. Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación con aval público.(pendiente de regulación)
c. Creación de la línea para la reestructuración de deuda financiera Covid: posibilidad de conversión en préstamos participativos, y en último recurso de ayuda directa para reducir la financiación.
d. Establecimiento de un Código de Buenas Prácticas para entidades financieras adheridas.

3.Fondo de capitalización de 1.000 millones para empresas viables pero afectadas en su solvencia por la pandemia que no pueden acceder a los fondos de SEPI. Este fondo será gestionado por Cofides. Se trataría de la participación del Estado en el Capital de las empresas a cambio de beneficios futuros con una estrategia fijada a 8 años.

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